PÉNDULO POLÍTICO

POR: EMILIANO CARRILLO CARRASCO

Los problemas más severos –social y económicamente hablando– en los últimos años para México ha sido el aumento desproporcionado en los índices en materia de inseguridad, hecho que le ha impedido a la población acceder a las suficientes condiciones de seguridad para disfrutar plenamente su libertad, posesiones, propiedades y sus derechos humanos “La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz”

Lo  que se debe fortalecer  el marco normativo existente  en materia  de seguridad y su aplicación en forma eficiente y de  competencia; Así como fortalecer y aplicar  los artículos de nuestra carta fundamental. El país necesita unos esquemas de descentralización en materia orgánica y de competencia: fortalecer a los  municipios  dependiendo a sus tipologías. No al centralismo  Acciones de vinculación y  la participación  ciudadana que se involucren a las necesidades comunes de cada  municipio para su mejor entorno social económico y político. Las  disposiciones de la discrecionalidad  de una ley emana  de la constitución esta  tiene su reglamento que contiene, generalmente, criterios de aplicación de las leyes y disposiciones  de rango superior, en situaciones del cómo establecer el gasto público a través de normas secundarias como la ley de coordinación fiscal para el estado de México. Lo  que se debe fortalecer  el marco normativo existente  en materia  de seguridad y su aplicación en forma eficiente y de  competencia; Así como vigorizar y aplicar  los artículos de nuestra carta fundamental (Constitución): Articulo 21 pfo 4 y 5  de la constitución en materia de seguridad. Fortalecer  las leyes secundarias  de  la ley de coordinación fiscal  y un nuevo pacto de adhesión  de las entidades federativas y el municipio, en su fracción II Y IV. Aplicar  en coordinación del artículo 115 fracciones VII. Modificar los esquemas de discrecionalidad de la SHCP en los recursos  relacionados a la seguridad pública. Modificar el programa de prevención.  Determinar  y aplicar las facultades del ejecutivo  en materia de atracción  .aplicar el 29 de la constitución (perturbación grave de la paz pública), en los municipios y estados.

La paz que relativamente se ha conseguido que se goce en algunas entidades federativas es atacada constantemente por la enorme cantidad de delitos que se cometen en regiones vecinas, encerrando y separando el contacto entre miles de familias mexicanas.

La delincuencia organizada, la corrupción o incluso delitos menores han permeado todas las esferas de nuestra sociedad, y en algunos momentos han significado una pérdida significativa de control por parte del Estado, provocando con ello la inestabilidad que vivimos actualmente. Ante una fuerte violencia como la que vivimos se fomenta una cultura individualista que debilita la solidaridad y la comunicación entre la ciudadanía y su Gobierno. Se propicia además, la segregación residencial, se favorece la emergencia de la marginalidad en los estratos bajos urbanos, se limita el acceso a la educación y la salud y se contribuye al riesgo de enfermedades tan graves para los servicios de salud, como hipertensión, estrés u obesidad.

Respecto a lo anterior, baste una anotación sobre casos documentados por personas expertas, quienes señalan que la inseguridad es quizá el factor más importante para la baja producción empresarial y, por lo tanto, de la competitividad, así como la razón de que muchas empresas extranjeras no inviertan en el país. En el tema de salud, las consultas por casos de estrés aumentan hasta en un 40 %, ante una experiencia de inseguridad, y de allí se desprenden efectos psicosomáticos, que van desde contracturas musculares hasta taquicardia severa.

Lo anterior no es menor, ante situaciones como aquellas que se desprendieron de la mal llamada Guerra contra el narcotráfico, y que ya se han clasificado entre los sucesos delictivos más violentos, sólo por debajo de países internacionalmente reconocidos por vivir conflictos bélicos cada año, como Siria, Afganistán o Iraq.Por si fuera poco, de acuerdo con datos públicos de investigadores pertenecientes a prestigiosas universidades del país, este tipo de inseguridad ha crecido desde el año 2000 a más del 100 % anual, dando como resultado una cifra alarmante de más de 200 mil asesinatos.

Los feminicidios, un alarmante 40 % ha sido en contra de mujeres menores de 30 años; pero otro 40 %, el del total de las mujeres de entre 15 y 17 años, reporta haber sufrido algún tipo de violencia sexual en su vida.

Por estas razones, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas ha instado en diversas ocasiones al Gobierno de México a priorizar y legislar adecuadamente en todo el territorio los asesinatos contra mujeres, además de que se aconseja la implementación de políticas para mitigar la trata y la explotación sexual.

En el tema del secuestro, fueron reportados más de 10,000 casos en seis años. Organizaciones señalan que se presentan 170 eventos cada mes, lo que significa que ocurren 40 de ellos a la semana. Junto a este tema hay que considerar también el hecho de que existen más de 34,000 personas desaparecidas, de las cuales 16,000 son menores de 29 años.

La enorme mayoría de estos casos sigue vigente, lo que ha provocado que cientos de familias no encuentren una respuesta o conclusión para que se conozca la verdad sobre lo sucedido a sus parientes. Son grupos que no han sido escuchados y a cuyas demandas básicas de interacción con la Procuraduría o con el propio caso no se ha dado respuesta.

Respecto de la tortura, cabe señalar que aún no existen cifras específicas que indiquen a detalle el nivel de problemática real en el que nos encontramos; no obstante, sabemos, por ejemplo, que el 57 % de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física por parte de algún elemento policiaco; conocemos también que existen cuatro mil investigaciones reconocidas en curso, y que el 80 % de los presuntos responsables detenidos en relación con el caso de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa presentan lesiones físicas.

Así, cuando observamos todos los hechos de los que hemos dado cuenta con anterioridad o incluso cuando analizamos las cifras que tanto el Gobierno como organismos de la sociedad civil han presentado, no son de extrañar, entonces, los bajos niveles de percepción de seguridad en los que la comunidad internacional nos ha catalogado a lo largo de diez años consecutivos.

Seguridad ciudadana en América latina: Hechos y cifras, reveló que México se encuentra en el segundo lugar de países en los que se cometieron más homicidios en 2017; la organización Semáforo Delictivo calificó a nuestro país como el peor en materia de seguridad pública, y la Universidad de Uppsala, en Suecia, ubica a nuestra nación dentro de los primeros 10 lugares con mayores conflictos bélicos a escala mundial, por mencionar sólo algunos ejemplos.

 la delincuencia es tan solo uno de los problemas que se viven en materia de seguridad pública, otro más y uno de los más importantes, se refiere al propio organismo encargado de la procuración de justicia en el Estado mexicano, un sistema que se encuentra en los niveles más bajos de confianza respecto al total de nuestras instituciones.

Actualmente, el 75 % de la población percibe que su ciudad es insegura, en mayor parte a causa del nivel de confianza en las autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia; el 77 % de la población considera que la Policía, como organismo, es altamente corrupta. No es de extrañar, pues, que la extorsión siga siendo el segundo delito más frecuente junto con el robo.

Sabemos que existen diversas razones por las que las y los mexicanos no ejercen su derecho a la justicia, pero los más preocupantes son que para la población existen procedimientos complicados, desconfianza en los elementos de seguridad pública y miedo a represalias ante una institución sobrepasada por los delincuentes.

A partir de la estadística que provee el Poder Judicial de la Federación en su informe Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Poder Judicial de la Federación, se desprende que desde noviembre de 2014 hasta febrero de 2017 se iniciaron 10,571 causas penales, de las cuales el 52 % llegaron con detenido, y las que fueron sin detenidos no fueron judicializadas de inmediato e incluso, en algunos casos, cuando procedía procesarlas, se puso en libertad al imputado.

Los últimos nueve años se incrementó hasta en un 60 % el presupuesto destinado a la seguridad pública en México y, como hemos señalado, la impunidad y desconfianza de la sociedad prevalecen. Más de 5,000 millones de pesos se destinaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 2,000 millones, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y para la procuración de justicia en México se asignaron 888 millones de pesos, en 2017, año que ahora se conoce como el más violento en nuestro país en los últimos 20 años.

Hay que recordar también el hecho de que, por cada 500 auditorías respecto al manejo de los recursos correspondientes a los subsidios en seguridad, derivan más de 4,000 recomendaciones. Esta situación no se debe sólo al incremento desmedido del presupuesto y su mal ejercicio, sino, además, a una institución desgastada que labora a través de una norma atrasada, sobre regulada y que ha probado llegar finalmente a su vigencia. Reformas Constitucionales y su Repercusión – Héctor Fix Fierro https://youtu.be/KhXiyJLAenc vía @YouTube.

Fuente: Imagen Política de México y del Mundo                                 

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